Se acumulan las noticias, la mayoría no precisamente buenas, en la vuelta al curso, pero una de las más llamativas es el hundimiento del sector inmobiliario. El mes de agosto ha pasado como si fuera una tregua. Pero sólo era un espejismo, porque las empresas no han tenido vacaciones. No han dejado de renegociar sus deudas y de hacer cábalas para evitar que continúe creciendo la cadena de concursos de acreedores (suspensiones de pagos) que inició Martinsa Fadesa y han alargado las pequeñas inmobiliarias o promotoras de ámbito local.

La venta de activos se ha convertido en una de las soluciones más factibles a corto plazo, y a ella han recurrido la mayor parte de las empresas con capacidad para hacerlo después de haber engordado de forma significativa en la etapa de vacas gordas. Pero eso sólo lo pueden hacer las grandes del sector, que por otra parte se están viendo obligadas a depreciar esos activos para ajustar su patrimonio (sólo Reyal y Colonial suman un descenso de 2.500 millones en ese concepto). Pero es que, además, apenas les ha servido para reducir una deuda que asciende a 26.000 millones y cuyos intereses absorben una tercera parte de los ingresos en lo que va de año.